La Concejal Mónica Sánchez, brindo importantes declaraciones sobre un nuevo escándalo que pone en la mira de la sociedad al Concejo Deliberante.
Están buscando ¨suspender y destituirme¨, en estos últimos días están sucediendo muchas cosas ¨turbias¨ en el Concejo Deliberante, eso no es correcto y por eso buscaron crear una pelea para generar falsas acusaciones a mi persona, hay concejales que fueron testigos de lo ocurrido y no salen a desmentir las falsas acusaciones que se hicieron en diferentes medios.
Voy a dar a conocer a la sociedad muchas pruebas de los ¨oscuros negocios¨ que están haciendo en estos últimos días este grupo de concejales, también de la documentación y mensajes que me vienen llegando de personas que no comparten el manejo y ¨ambición de poder que tienen estos personajes que no le hacen nada bien a la política, al pueblo y las instituciones¨.
¨Algunos vendiendo terrenos, construyendo instalaciones en lugares que pertenecían a los centros vecinales, brindando contención laboral a la suegra, mujer y diferentes tipos de familiares que no trabajan o inclusive tienen relación laboral con otros sectores del estado provincial¨.
Soy una persona que se postulo para aportar cosas positivas para la sociedad, que cree en un proyecto político que busca generar trabajo genuino, modernizar la ciudad, construir nuevos edificios para mejor atención al publico, centros comerciales y potenciar el desarrollo industrial. No comparto la hipocresía de este grupo de concejales que solo piensan en ellos, ¨pensando hasta en no dejar asumir a Pascualito Ficoseco para lograr continuar teniendo el manejo de los cargos más importantes¨ de tal honorable institución, ¨ejecutando de esta forma su plan de acceder a la municipalidad a cualquier costo¨.

La Ley Micaela, promulgada en Argentina bajo el número 27.499, establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Esta ley busca garantizar que los funcionarios públicos tengan perspectiva de género y puedan abordar adecuadamente las problemáticas relacionadas con la violencia contra las mujeres y otras identidades de género.