Acusan a Héctor Bárbaro de impulsar la desobediencia contra un fallo que declara inconstitucional el pago del impuesto interno a la fabricación de atados.
En junio pasado, un fallo en primera instancia eximió a una pequeña tabacalera de la provincia de Buenos Aires del pago de los impuestos con los que se gravan el consumo de cigarrillos.
Se trata de una medida establecida por el juez Enrique Lavié Pico a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal, 6 en una causa iniciada por Tabacalera Sarandí para que se declare «inconstitucional» el impuesto interno mínimo que rige para la venta de los atados.
El fallo generó opiniones favorables y en contra acerca de los fundamentos esgrimidos por el magistrado acerca de uno de los tributos que grava la producción y venta de cigarrillos, como es el impuesto interno mínimo con una alícuota de 70% y una base mínima actualizable trimestralmente de $151 por paquete, desde a cual se debe pagar 7% en concepto de FET, 7% en concepto de FAS, IVA e Ingresos brutos.
En el marco de estas polémicas, ahora se conoció una denuncia impulsada por un grupo de pequeñas tabacaleras locales en contra de un diputado nacional del Frente de Todos que impulsa la realización de una marcha en la Ciudad de Buenos Aires de agricultores tabacaleros de las provincias del NEA y NOA (Misiones, Chaco, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy) con el objetivo de rechazar el fallo judicial.
La demanda fue presentada ante la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, por la Unión Tabacalera Pymes Argentina (UNTAPYA), por entender que la marcha organizada por el diputado oficialista Héctor «Cacho» Bárbaro es de intromisión de un integrante de la Cámara baja en otro de los poderes del Estado, como es el judicial.
En la carta que la entidad empresaria le hizo llegar a la titular de Diputados, se advierte «con extrema preocupación, hechos que atentan contra los principios más básicos de nuestra vida democrática y republicana cometidos por miembro integrante de esta cámara legislativa, razón por la cual formularemos un pedido de información específico en los términos de la ley 27.275».
En este sentido, la misiva asegura que el diputado por Misiones impulsa la movilización de agricultores tabacaleros «a fin de manifestar su repudio contra el Juez federal, Enrique Lavie Pico quien en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales y sus legítimas competencias derivadas de la Constitución Nacional, declaró la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo en la causa Nº 8.093/2018, Tabacalera Sarandí c/ En-AFIP-DGI s/Proceso de Conocimiento».
El caso remite al fallo del juez de junio pasado que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la ley 27.430 en relación a la empresa productora de cigarrillos bonaerense.
Fabricantes de cigarrillos denuncian prácticas que «banalizan»
De acuerdo a la entidad empresaria, el diputado Bárbaro pretende que las protestas, reclamos y peticiones se realicen frente a la sede del Congreso de la Nación para solicitar que el Poder Legislativo interceda ante la AFIP para que desobedezca el fallo judicial y, de todos modos, cobre el impuesto.
«Los hechos expuestos representan una manifiesta tergiversación de los principios que hacen a nuestra República, como la división de poderes y la independencia del poder judicial, banalizando los caminos institucionales establecidos legalmente para formular propuestas y, eventualmente, resolver los problemas de la sociedad en su conjunto y no de algunos intereses económicos en particular y en contra de algunos sectores productivos nacionales o hasta incluso alguna empresa particular, como pareciera advertirse en el ya reiterado comportamiento del Diputado Nacional Bárbaro», asegura la UNTAPYA en la carta.
Incluso, profundizan la preocupación sobre la decisión del diputado nacional al agregar que «este tipo de prácticas que alientan desobedecer las decisiones de jueces de nuestra Nación y requerirle a uno de los tres poderes del Estado que se entrometa en las funcionas atribuidas constitucionalmente a los otros dos poderes del Estado —tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo, al cual pertenece la AFIP— es promovida por un integrante de este Honorable cuerpo legislativo, cuyo desempeño dentro del recinto y fuera de él debiera seguir los más latos cánones de decoro, corrección, prudencia y honorabilidad, además de un respeto irrestricto a la Constitución Nacional».
De manera adicional, los empresarios califican el comportamiento de Bárbaro como «rayano con ilícitos penales» y advierten que «podría llegar a configurar motivo de mal desempeño e inhabilidad moral —de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 66 de la Constitución Nacional— por parte del mencionado legislador».
Como reclamo, la entidad industrial le pide a la diputada Moreau que en los términos de los artículos 2º, 7º apartado b), 9º, 10º y 11º de la ley 27.275 (derechos de acceso a la información pública), se informe si el diputado Bárbaro «ha realizado alguna manifestación, reclamo y/o presentación de cualquier tipo ante este cuerpo legislativo en pleno o por ante alguna de sus comisiones en línea con los hechos denunciados y puestos en conocimiento en esta presentación».
La carta, que lleva la firma de Osvaldo Trillo, secretario de la UNTAPYA, finaliza anticipando que de ser así, «evaluarán los caminos legalmente establecidos para denunciar y, finalmente, evitar la reiteración de este tipo de prácticas absolutamente inconstitucionales y antirrepublicanas».
Fuente: iprofesional.com
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